2022 no está siendo un buen año para los autónomos. Es el momento de bajar impuestos y eliminar trabas, teniendo en cuenta que según los datos publicados más de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia viven en este país agobiados por las deudas, un incremento de los costes y gastos, y un aumento de cotizaciones.
El dato curioso es que a pesar del desastre económico que vivimos sigue creciendo el número de trabajadores autónomos, la razón se debe a que muchos de estos nuevos autónomos encuentran por esta vía la única salida a un mercado laboral que les ha expulsado del estrato de los asalariados, luego podríamos decir que es un dato poco alentador.
El RETA mantiene un crecimiento sostenido del número de afiliados tras sumar en marzo 7.878. Sin embargo, esta cifra es prácticamente la mitad del crecimiento registrado en marzo de 2021, cuando el régimen de autónomos creció en 15.245 personas, el peor dato registrado desde el año 2013, sin contar marzo de 2020.
Además, a esta situación que está provocando que actualmente muchos negocios cierren su persiana, hay que unirle un futuro incierto y poco justo con respecto al autónomo. La pensión media de jubilación del régimen autónomo está en 567 euros por debajo de la del régimen general, una diferencia que ha aumentado en los últimos años y que los representantes gubernamentales han presentado como principal razón para el cambio del sistema de cotización, con el que pretenden acabar con una de las principales brechas de desprotección.
Según datos de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.398,5 euros mensuales frente a los 831,16 euros de la de autónomos, una brecha de casi el 40% o esos 567,34 euros, esta situación es peor aún entre las mujeres.
En la actualidad existen desencuentros entre las organizaciones de autónomos con las que está negociando el gobierno la reforma del sistema, para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales.
El preacuerdo plantea 13 tramos de rendimientos y cuotas de entre 240 y 600 euros al mes, en función de los ingresos mensuales, que aplicarían ya en el año 2023. Además, el Ministerio ha dado un giro en el planteamiento consensuado con los agentes sociales y con Bruselas y busca ahora cerrar una reforma para los próximos tres años y negociar más adelante las cuotas que operarían a partir de 2025.
Así, la propuesta ya no plantea un despliegue progresivo del nuevo sistema hasta 2031, sino solo las cuotas de 2023, que podrían mantenerse para 2024 y 2025. La delicada situación económica provocada por la guerra en Ucrania ha impactado de lleno en la negociación de una de las reformas clave del sistema de las pensiones comprometidas con Europa y el Gobierno prefiere centrarse ahora en los años más inmediatos y gestionar después el largo plazo.